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La Aduana de Posadas y Santiago del Estero lanzó una ola de notificaciones por presuntas infracciones al Código Aduanero, con multas que alcanzan cifras millonarias y la amenaza de decomiso de mercadería. ¿Quiénes están en la mira y qué se juega el Estado?
Las Aduanas de Posadas y Santiago del Estero han emitido sendos avisos oficiales que sacuden el tablero del comercio irregular, citando a decenas de personas y algunas empresas por presuntas infracciones al Código Aduanero. La situación es crítica: se imputan delitos que van desde el contrabando hasta declaraciones inexactas, con multas que superan los diez millones de pesos en algunos casos y la advertencia de que la mercadería podría ser abandonada a favor del Estado Nacional.
En Posadas, la lista incluye a 40 imputados, entre ellos individuos con Documentos de Identidad (DNI y CI) y la conocida empresa VIA CARGO SA (CUIT 33-71104306-9). Las multas impuestas varían enormemente, desde unos pocos miles hasta más de $10.901.664,80 para casos como NUÑEZ AGUERO JOSHUA FAUSTINO y RAMIREZ DAVID, ambos por infracción al Artículo 970. Las infracciones más comunes mencionadas son los artículos 977, 986 y 987, que refieren a la falta de destinación aduanera o declaraciones inexactas.
Por su parte, la Aduana de Santiago del Estero no se queda atrás, citando a 64 personas que, por tener domicilio incierto o ignorado, deben comparecer en un plazo perentorio de diez días. Aquí también las multas son cuantiosas, con casos como MARINA ARANCIBIA SOLIS, enfrentando una multa de $18.038.737,19 y TRIBUTOS por U$S 8717,46, o PABLO MARCELO JIMENEZ con una multa de $19.651.723,04 y U$S 9.045,31 en tributos. Las infracciones se centran en los artículos 986 y 987 del Código Aduanero.
Ambas aduanas son claras: los imputados tienen diez días hábiles para presentarse, ofrecer su defensa y pruebas. En caso contrario, se declarará la rebeldía y el proceso seguirá sin ellos. Como alternativa, se ofrece la posibilidad de extinguir la acción penal mediante el pago del monto mínimo de la multa y el abandono expreso de la mercadería a favor del Estado. Para aquellos con infracciones al Art. 977, se les intima a solicitar una destinación aduanera de la mercadería, bajo apercibimiento de ponerla a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
Este despliegue de notificaciones subraya la firmeza de la AFIP en la lucha contra la evasión y el contrabando, especialmente en zonas de frontera. El impacto para los involucrados es directo y negativo, enfrentando importantes sanciones económicas y la pérdida de bienes. Para el Estado, es una reafirmación de su rol de control y una potencial recuperación de fondos y mercaderías que no cumplen con la normativa vigente. La ciudadanía debe entender que estas acciones buscan proteger el mercado interno y asegurar la equidad en las operaciones de comercio.
