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El Ministerio de Seguridad lanza una nueva herramienta interjurisdiccional para coordinar la lucha contra la criminalidad económica y el lavado de activos en todo el país, con foco en el recupero de bienes ilícitos y la prevención del delito financiero.
En una movida estratégica que busca golpear donde más duele al crimen organizado, el Ministerio de Seguridad Nacional ha creado el CONSEJO FEDERAL DE DELITOS ECONÓMICOS. Esta nueva entidad, bajo la órbita de la Subsecretaría de Investigación Criminal, tiene una misión clara: generar un espacio de coordinación interjurisdiccional para la prevención e investigación de los delitos económicos que azotan al país.
El objetivo es ambicioso: detectar y prevenir las diversas manifestaciones de estos delitos, recolectar y sistematizar información de todas las fuerzas policiales (federales, provinciales y de CABA), elaborar mapas de situación y coordinar el intercambio de inteligencia para generar alertas tempranas. Esto significa que el Estado argentino se compromete a un esfuerzo mancomunado para desmantelar las redes financieras ilícitas, que a menudo son la columna vertebral de otros crímenes complejos como el narcotráfico y la trata de personas.
La creación de este Consejo es una respuesta directa a los compromisos internacionales asumidos por Argentina en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo y la corrupción. La investigación del aspecto económico del delito se ha vuelto fundamental, especialmente considerando que el lavado de activos y otros delitos económicos (enriquecimiento ilícito, soborno transnacional, evasión fiscal) se apoyan en la internacionalización de las operaciones, dificultando su rastreo.
El Consejo, que no implicará una erogación presupuestaria adicional, estará integrado por representantes de las áreas de delitos económicos de cada jurisdicción provincial y de CABA, junto a miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. Se espera que se reúnan al menos una vez al año y mantengan una comunicación fluida. La medida busca fortalecer la inteligencia criminal y la capacidad de las fuerzas para anticiparse y desbaratar las complejas maniobras de la delincuencia económica. Para el ciudadano, esto podría traducirse en una mayor eficacia del Estado para combatir la corrupción y el crimen organizado, recuperando activos que hoy están en manos de estructuras delictivas.
11 de marzo de 2026
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